Presentación conjunta de ENACOM y asociaciones de consumidores en defensa del DNU 690

Llevada adelante de manera virtual para detallar y explicar los pasos a seguir a partir del vencimiento del plazo estipulado para que el Organismo realice su descargo ante la cautelar presentada en el Poder Judicial por la empresa Telecom Argentina S.A., en la cual solicita se declare inconstitucional el DNU 690, la conferencia contó con la presencia del presidente de ENACOM, Claudio Ambrosini; el vicepresidente, Gustavo López; los directores Gonzalo Quilodrán y Alejandro Gigena; la directora María Florencia Pacheco; el jefe de Gabinete del Ente, Ariel Martínez; el director general de Asuntos Jurídicos y Regulatorios, Diego Leiva, el director nacional de Atención a Usuarios y Delegaciones, Javier Forlenza, y los 27 delegados y delegadas provinciales del Organismo. Asimismo, participaron Micaela Sánchez Malcolm, secretaria de Innovación Pública; y Martín Olmos, subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Durante la exposición, Claudio Ambrosini sostuvo que “la preocupación del Gobierno nacional es garantizar a todos los habitantes, fundamentalmente a los que menos tienen, servicios de calidad. Con la pandemia, el Gobierno puso la lupa sobre la conectividad y su necesidad como servicio público esencial en competencia”.

“Cuando llegamos al Gobierno quisimos privilegiar a los sectores más necesitados; por ello establecimos, a través del 690, que los servicios TIC debían tener un precio lógico y previsible para llegar a todos los habitantes del país que utilizan gran parte de sus ingresos en afrontar precios en conectividad que no son accesibles para sus bolsillos. Y por ello creamos la Prestación Básica Universal, para poder atender sus necesidades. Estamos en una instancia de cautelar que habilita a los usuarios de una compañía a pagar servicios más caros; queremos que todas las asociaciones conozcan nuestra estrategia, que aporten sus ideas para acompañarnos”, describió el funcionario.

A su turno, Gustavo López aseguró que el DNU generó instrumentos para que todos y todas puedan acceder a la conectividad en condiciones de igualdad. “Es imprescindible el derecho a estar conectados. Todos los Estados dicen que estudiemos y trabajemos desde casa, pero la Sala II dice que lo hagamos siempre y cuando podamos pagarlo. El fallo no habla del ciudadano en ningún punto, por eso están acá las asociaciones. Hay un derecho especial de usuarios y consumidores, y obligaciones especiales de las empresas hacia ellos. En el fallo no hay ninguna mención a esta situación, como si no formaran parte del asunto”.

Por su parte, Diego Leiva explicó las cuestiones técnicas del fallo cautelar y los pasos a seguir. En tal sentido, adelantó que el viernes 14 de mayo ENACOM presentará un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia, con los argumentos legales para hacer valer la legalidad y vigencia del DNU 690. Entre ellos, que la situación planteada transciende el interés de las partes e interviene sobre el DNU, que tiene carácter de ley, y afecta un servicio necesario para todas y todos los ciudadanos; que el fallo no se fundamenta en las pruebas, sino en un supuesto perjuicio económico basado en los dichos del accionante, para lo cual el Ente presentó los balances de las empresas acreditando que el 690 no implica perjuicio económico para ellas, y principalmente, la afectación de la implementación de la PBU, que es un nuevo derecho consagrado para dar respuesta a los sectores más vulnerables, interfiriendo en la capacidad que tiene el Poder Ejecutivo de fijar las políticas a implementarse.

Luego, los exponentes por parte de las asociaciones explicaron y detallaron cómo se debe continuar respecto a la situación actual, teniendo en cuenta las acciones colectivas para acompañar la decisión de ENACOM y dar respuesta urgente a las necesidades y los derechos vulnerados de los usuarios y usuarias de los servicios TIC.

En relación con ello, representantes de la Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentinos (ACUBA) informaron que en enero se iniciaron acciones legales colectivas ante las cuatro prestadoras principales TIC por la aplicación de aumentos superiores a lo autorizado pertinentemente por ENACOM. La medida cautelar vigente, que obliga a Telecom Argentina S.A. a retrotraer los precios a diciembre 2020 y solo aplicar un 5% de aumento, continúa siendo incumplida por la empresa.

Ante esta situación, es importante aclarar que cuando Telecom se presentó ante la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, donde obtuvo un fallo favorable dividido, no hizo mención alguna a la cautelar vigente previamente detallada, incurriendo en lo que, de acuerdo con el artículo 182 del Código Penal, se conoce como fraude procesal, ocultando información fundamental para que el juez competente pueda tomar una decisión con todos los elementos de relevancia jurídica.

Posteriormente a las presentaciones, las autoridades de ENACOM respondieron las preguntas de los medios y periodistas participantes.

En representación de las asociaciones participaron: Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes (ACUCC); Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores (ADUC); Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC); Asociación de Usuarios y Consumidores de la Provincia de Corrientes (AUC); Consumidores Libres; Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO); Liga de Consumidores (LIDECO); Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur (PROCONSUMER); Asociación de Defensa del Consumidor (PROTECTORA); Unión Argentina para la Defensa del Consumo (UNADEC); Unión Consumidores de Argentina; Unión de Usuarios y Consumidores; Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo (FEMUDECO); Consumidores Argentinos; Red Argentina de Consumidores (RAC); Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentinos (ACUBA), y Asociación Argentina de Usuarios de Internet (INTERNAUTA).

A través del diálogo y el trabajo interrelacionado con los actores de la industria y el mercado TIC, ENACOM refuerza su compromiso por la protección de los derechos de los usuarios y usuarias, más aún en el contexto actual que la pandemia de COVID-19 obliga enfrentar, por lo que hará uso de sus facultades como regulador para resguardar el acatamiento de las normas vigentes y articular las herramientas legales correspondientes frente a los incumplimientos en los que incurran las prestadoras.